El transporte público de pasajeros debería ser, idealmente, una “no noticia”. Un servicio tan eficiente en su relación costo / prestaciones que resultare común, y luego “normal”, y con el paso de los años “natural”, que funcionase y bien. Por supuesto, la pandemia todo lo ha trastrocado, pero aun así los tucumanos no afrontan una situación intermedia, en la que el servicio ha visto resentida su calidad o sus tarifas. Aquí ocurre algo diametralmente más grave. Y crónico. El pasaje es cada vez más oneroso para los usuarios, que a cambio ven cómo, con asiduidad el servicio directamente cesa. El paro de colectivos se han convertido en una realidad disruptiva frecuente. Común. Como si ya fuese “normal”. Como si resultase “natural” que todos los meses, después del día 5 (cuando se pagan los sueldos) se concretasen huelgas.

Esta semana, acaso porque pareciera que hay geografías donde todo puede ser peor, la situación se tornó aún más gravosa. El domingo y el lunes, San Miguel de Tucumán no tuvo servicio de transporte urbano de pasajeros después de las 21. La medida afectó a miles de vecinos, ya sea comerciantes, empleados del sector privado, estatales que trabajan hasta después de esa hora (personal de seguridad y de la salud) docentes y estudiantes de terciarios.

El agravante es que hoy, como ayer, se siguen enumerando problemas coyunturales y brindando respuestas circunstanciales. En otras palabras, “parches” para un sistema que necesita una reparación integral, que nunca llega.

Del lado de los empresarios, es cierto que las restricciones a la circulación durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), y aun durante la actual fase de distanciamiento (Dispo), han reducido dramáticamente el número de pasajeros. A contramano de ello, el precio de los combustibles y los sueldos no han parado de subir.

Del lado del Estado, no menos cierto es que vienen sufriendo desde hace año una embestida de dos flancos: cuando no hay huelgas sindicales, hay “lock-out” patronal. Es decir, o hay paro de trabajadores o de empresarios. Y no es admisible negociar en esas circunstancias.

Del lado de los trabajadores del transporte público, es palmario que pocos distritos argentinos son tan conflictivos como Tucumán. En otros Estados, los gobiernos provinciales decidieron provisoriamente en la pandemia incrementar los subsidios para el transporte, incluso hasta equipararlos con los subsidios nacionales, con la finalidad de no resentir el servicio.

De lado de los usuarios, el servicio que reciben, salvo excepciones, cuando no es malo directamente es pésimo. En la calidad, la higiene, la antigüedad y la regularidad de los coches.

En las instituciones, finalmente, el déficit de federalismo se hace patente. En 2020, el 80% de los subsidios nacionales se quedaba en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y sólo el resto iba para el interior. A partir de este año, la relación empeoró: es 85%-15%.

Frente a esta crisis sistémica, la solución ya no puede ser circunstancial. Ya no puede pasar por adelanto de subsidios o subas de la tarifa, todo ello de manera inconexa. Tampoco por paros.

Urge un abordaje holístico de la cuestión, donde se establezcan pautas salariales claras, esquemas tarifarios racionales, reparto transparente de los subsidios, controles eficaces de los servicios y un Estado provincial que haga algo más que renegar del centralismo porteño.

En la provincia se han barajado desde la anulación de las concesiones hasta la instauración de una Sapem (Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria), y hay lectores que hasta proponen subsidiar al 100% el sistema para que el boleto sea gratuito. Pero lejos de soluciones moderadas, intermedias o drásticas, se sigue con el mismo sistema deficiente y colapsado de siempre. Y no se pueden esperar resultados distintos aplicando las mismas variables.